El México Post Imperial

El México Post Imperial

Iturbide gobernó del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en que apareciera una situación políticamente tirante entre el Emperador y el Congreso, sobre todo por la influencia de los diputados mexicanos que habían estado en las cortes españolas: Santa María, Michelena, Ramos Arizpe, Iturribaría, Mayorga, y otros. Y por la acción de la masonería escocesa, que desde antes era antiiturbidista. Todo ello con las maniobras efectuadas por el agente confidencial de los Estados Unidos en México: Joel R. Poinsett, quien veía con antipatía a Iturbide, debido a que se negó a entregar a Estados Unidos la parte del territorio mexicano que éstos deseaban –Texas, Nuevo México, las dos californias, Coahuila y Sonora.

Por lo demás fue la Gran Logia Mexicana, organismo principal de la masonería escocesa, la que persuadida de que Iturbide era el obstáculo para el establecimiento de sus ideas coordinó a los enemigos del Emperador.

Los conjurados trazaron en agosto de 1822 un plan para sublevar al ejército, trasladar el Congreso a Texcoco y declarar allí que la designación del emperador era nula. Sin embargo al ser denunciada la conjura, se aprendió a sus participantes e Iturbide disolvió al Congreso y estableció una Junta Nacional Instituyente, mientras se convocaba a elecciones. Poco después estallaron varios movimientos promovidos por los generales Felipe de la Garza, en Tamaulipas, Antonio López de Santa Anna, en Veracruz, y Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, en el sur.

El 1o de febrero de 1823 se dio a conocer el Acta de Casa Mata, en suelo veracruzano. Iturbide envió al general Echávarri a combatir a los rebeldes, pero éste llegó a un entendimiento con los sublevados. Lo mismo sucedió con el general Pedro Celestino Negrete. Iturbide restableció el Congreso el 7 de marzo de 1823 y el 19 le envió su abdicación, que el Congreso no quiso discutir porque dijo que la coronación había sido obra de la violencia, así quedó abierta la posibilidad de que se estableciera el sistema republicano, y el mismo mes de mayo el ex-emperador salió con rumbo a Europa.

A la caída de Iturbide gobernó el país un organismo llamado Supremo Poder Ejecutivo, del 30 de marzo de 1823 al 10 de octubre de 1824. El Supremo Poder Ejecutivo estuvo conformado por el general Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, y como suplentes Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.

Fue entonces cuando ocurrió la separación de Centroamérica de México, que formó una nación nueva con el nombre de Provincias Unidas de Centro de América.

El gobierno convocó al Congreso Constituyente y se aprobó un Acta Constitutiva, inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, y así se adoptó el régimen republicano federal, que luego fue confirmado por la Constitución Federal, promulgada el 4 de octubre de 1824. Su aprobación no fue fácil, porque unos insistían en que la República debía ser federal –como pensaba el grupo encabezado por Miguel Ramos Arizpe–, mientras que otros sostenían que era preferible una República central –como argüía el grupo que dirigía Fray Servando Teresa de Mier–. Finalmente se impusieron los primeros.

La Constitución de 1824 estableció pues el régimen republicano, representativo y federal. Consagró el principio de división de poderes –ejecutivo, legislativo y judicial. El primero depositado en un Presidente y un Vicepresidente de la República que durarían cuatro años en el cargo y serían electos por el voto de las legislaturas estatales.

El poder legislativo fue confiado a un Congreso de dos cámaras: diputados y senadores. Y las entidades federativas tendrían sus propios poderes.

La Constitución estableció que la religión de la nación sería la católica, sin embargo el Presidente de la República podría “conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos”. Así la documentación llegada de Roma tendría que ser vista primero por la autoridad civil y si lo consideraba conveniente retenida. Además la Constitución prohibió que los eclesiásticos (obispos, arzobispos, provisores y vicarios) pudieran ser diputados o senadores.

La situación económica siguió siendo tan mala que se tuvo que recurrir a medidas urgentes como la emisión de papel moneda, la incautación de bienes que habían sido de los jesuitas, la Inquisición o los hospitalarios, y finalmente al préstamo de dinero solicitado a los bancos ingleses.

Surgió entonces el rumor y el temor del regreso de Iturbide, por lo que se emitió una  ley que lo declaraba traidor, a él y sus promotores. Su regreso estaba motivado por quienes consideraban que la anarquía política se acabaría con su influencia y porque se dijo que Iturbide había tenido noticias de los planes de Fernando VII de querer reconquistar México con la ayuda y el sostén de la Santa Alianza. Así Iturbide desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas, donde era comandante Felipe de la Garza, con quien Iturbide se mostró generoso cuando se había rebelado en su contra. Sin embargo fue detenido y el Congreso del Estado resolvió aplicarle la pena de muerte y el 19 de julio de 1824 fue fusilado.

Por convenir a sus intereses los Estados Unidos e Inglaterra reconocieron la independencia mexicana y establecieron relaciones diplomáticas con nuestro país y con los nuevos países independizados de Iberoamérica, y el temor a la reconquista y la afectación de sus intereses motivó a los Estados Unidos a emitir la declaración conocida como la “Doctrina Monroe”, por el presidente de aquél país, según la cual no permitirían que ningún país europeo intentara reconquistar o intervenir en perjuicio de las nuevas naciones. Lo anterior se ha interpretado e inmortalizado como “América para los americanos”.

Presidencia de Guadalupe Victoria

El primer presidente de México fue el general Guadalupe Victoria y su gobierno se extendió del 10 de octubre de 1824 al 1 de abril de 1929. El Vicepresidente fue Nicolás Bravo.

Entonces nació la masonería yorquina en México, impulsada por el agente confidencial de los Estados Unidos en México, ahora convertido en el primer embajador norteamericano en México Joel R. Poinsett. Sus principales colaboradores en este establecimiento fueron Lorenzo Zavala, José Ignacio Esteva, José María Alpuche y Vicente Guerrero.

Las logias alcanzaron gran difusión y sirvieron para avivar las pasiones políticas y la discordia, al servicio del extranjero, que quedó en la práctica como el director de los asuntos nacionales.

Los yorquinos se mostraron partidarios del federalismo y de la amistad con los EU, en tanto que los escoceses abrigaron el centralismo.

Otro acontecimiento de gran interés en la presidencia de Victoria fue la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa. El gobierno destinó parte de los empréstitos ingleses a adquirir algunos pequeños barcos de guerra con los que bloqueó la isla, lo que dio como resultado la rendición de los españoles el 18 de noviembre de 1825.

Las elecciones del año 1826 para legisladores locales y gobernadores fueron ganadas en su mayoría por los yorquinos, pero a base de tantos fraudes que estalló una revuelta promovida en Otumba por el teniente coronel Manuel Montaño a fines de 1827. El general Nicolás Bravo, Vicepresidente de la República y Gran Maestre de las logias escocesas, se puso al frente de los insurrectos.

El gobierno envió al general Guerrero –Gran Maestre de las logias yorquinas– a combatirlo. Finalmente, el 7 de enero de 1828 logró apresar a Bravo y desarticular a los revolucionarios.

Expulsión de españoles
Entre tanto la tendencia antiespañola se había ido incrementando, a lo que contribuyó el temor por la reconquista, la sospecha de su apoyo por parte de los españoles, así como el descubrimiento de una conjura promovida por un clérigo español, Fray Joaquín Arenas, para restaurar el gobierno español.

Varios militares fueron aprehendidos y el Congreso ordenó que se separara de sus cargos a los españoles que tenían puestos públicos y eclesiásticos, para culminar con el decreto de expulsión total de los españoles el 20 de marzo de 1829. Un resultado de la expulsión fue el desamparo de las misiones del norte, en los territorios que coincidentemente anhelaban los Estados Unidos, así como la pérdida de los capitales que salieron de la nación.

La situación económica seguía muy mal y para subsistir el gobierno tuvo que recurrir a préstamos ruinosos que proporcionaban los agiotistas.

Presidencia de Vicente Guerrero

Así llegó el tiempo de las elecciones presidenciales y aparecieron como candidatos los generales Vicente Guerrero, Manuel Gomez Pedraza, ambos yorquinos, y Anastasio Bustamante. El presidente Victoria y algunos de sus ministros apoyaban a Pedraza, en tanto que Poinsett y la mayoría de los yorquinos apoyaban a Guerrero. Sin embargo la votación favoreció a Gómez Pedraza, lo que motivó la sublevación de los guerreristas. Santa Anna se levantó en Oaxaca.

La revuelta cundió por el sur y en la capital se apoderaron del edificio de la Acordada, de donde tomó su nombre la rebelión, y se trabó el combate que culminó con la salida del país del presidente electo. Acto seguido el Congreso declaró insubsistentes los votos de Gómez Pedraza y designó como presidente de la República a Vicente Guerrero y como vicepresidente a Anastasio Bustamante. La imposición de las armas sobre la elección pacífica hizo su aparición en México.

El nuevo presidente tomó posesión el 1 de abril de 1829 y ocupó la presidencia hasta el 18 de diciembre del mismo año. Su administración fue desastrosa y anárquica, y la economía se halló peor que en los años precedentes. No había policía ni represión de los delitos, faltaba una orientación superior en el gobierno y no había programas.

La expedición de Barradas

El 24 de julio de 1829 desembarcó en Cabo Rojo, Veracruz, un ejército español de 2700 hombres mandados por el brigadier Isidro Barradas, cuya situación pronto se volvió muy difícil, pues los barcos españoles se regresaron en seguida y el clima tropical comenzó a causar víctimas entre la tropa.

Felipe de la Garza acometió sin ventaja a los aventureros, mientras otros grupos los bloqueaban y el vicepresidente Bustamante estaba a la expectativa en Jalapa.

Finalmente, Barradas sin municiones, sin víveres y atrapado, ante un asalto militar encabezado por Santa Anna capituló y se pactó la salida de los expedicionarios hacia La Habana.


Por su parte, los EU insistieron una vez más en sus intenciones de adquirir el territorio del norte, pero sus gestiones fueron infructuosas. Guerrero, no obstante su amistad con Poinsett, se vio obligado a pedir su retiro y los EU vieron que la diplomática no era la vía para conseguir sus intereses en México.

Plan de Jalapa

La situación en el país era tan poco tranquilizadora, que los países suspendieron el envío de sus barcos a nuestros puertos, por lo que varias autoridades de Veracruz redactaron el llamado Plan de Jalapa –4 de diciembre de 1829– en el que pedían el restablecimiento del orden constitucional y el retiro de las facultades que el Congreso le había conferido al Presidente. Nuevamente el propio Vicepresidente –esta vez Bustamante– se puso al frente de los rebeldes, y Guerrero salió a combatirlo, dejando en la capital un sustituto, pero nuevas sublevaciones en la capital lo depusieron y nombraron un triunvirato que a la postre entregó el gobierno al general Bustamante con el consentimiento del Congreso, que declaró imposibilitado para gobernar a Guerrero.

Presidencia de Anastasio Bustamante

Bustamante gobernó del 1 de enero de 1830 al 14 de agosto de 1832. Los yorquinos aparentemente habían venido a menos, pero en realidad fue lo contrario.
El gobierno de Bustamante fue de corte conservador; se buscaron créditos, se fomentó la industria y se restableció la jerarquía de la iglesia. Se destituyó a varios gobernadores y legisladores locales opositores, aumentando el descontento.

En virtud de ello, los partidarios de ideas liberales o “progresistas” fundaron, hacia 1832, el Partido Liberal, con la ayuda y el sostén de las logias masónicas.

La oposición se volvió lucha civil. El en sur alentaban la lucha Juan N. Álvarez, que pronto fue derrotado, y Vicente Guerrero, quien fue apresado y muerto.

La insurrección tomó fuerza y finalmente Bustamante acabó por firmar los Convenios de Zavaleta, en los que aceptaba que Manuel Gómez Pedraza se hiciera cargo de la presidencia y se convocara a elecciones federales. De esta forma se olvidaba todo lo ocurrido desde septiembre de 1828 y se le devolvía  a Pedraza la presidencia usurpada –que debía concluir en tres meses– y cuya principal misión sería convocar a elecciones. El Congreso acabó por disolverse.

Presidencia de Santa Anna

A principios de 1833 se hizo cargo de la presidencia de la República el general Antonio López de Santa Anna y de la vicepresidencia Valentín Gómez Farías. Prácticamente Santa Anna estuvo poco tiempo al frente de la administración pública, la cual fue atendida por Gómez Farías, quien llevó adelante el primer intento de Reforma a través de varias leyes.

Gómez Farías se empeñó en realizar tres clases de reformas: religiosa, educativa y militar.

Las ideas de lucha contra la religión eran parte del ideario liberal, que defendía que toda persona debe escoger por sí mismo las ideas religiosas que desee.

Otros elementos de ese ideario fueron:

    • Que el pueblo es la fuente de la soberanía y base del gobierno.
    • Que el poder ejecutivo debe ser limitado por los otros dos poderes.
    • Que en una constitución deben anotarse la forma de gobierno y los derechos personales.
    • Que en todos los individuos deben reconocerse estos derechos inalienables: a la vida, la libertad, la propiedad, etc.
    • Que el gobierno debe intervenir lo menos posible en la vida social y económica y,
    • Que lo más importante en la acción de las personas y sus relaciones sociales es el interés individual.

El ideólogo del Partido Liberal, el doctor José María Luis Mora elaboró un programa que fue sostenido por Gómez Farías.

El Partido Liberal se dividió en dos grupos:

    • Los radicales o “puros”, que pretendían imponer sus ideas a cualquier costa.
    • Los moderados, que pensaban que la implantación de las ideas debería ser paulatina y por la vía de la persuasión.

La reforma religiosa se estableció en varios decretos:

    1. El nombramiento de sacerdotes de acuerdo con las leyes del gobierno.
    2. Supresión de las sacristías mayores.
    3. Concesión al Presidente de la República de facilidades para el nombramiento de curas.
    4. Multas, destierro y confiscación de bienes a obispos y dignidades que desobedecieran las leyes citadas.
    5. Los recursos así obtenidos serían aplicadas a sostener la instrucción pública.

El gobierno ordenó así mismo que desapareciera la coacción civil para el cumplimiento de votos religiosos, y la expulsión de religiosos centroamericanos. Se incautaron los bienes de los fondos de las misiones de California y Filipinas. Las misiones californianas se quitaron a los religiosos regulares y se entregaron a clérigos seculares, y desapareció también la coacción civil para el pago de los diezmos. Además, Mora presentó un proyecto de desamortización, según el cual los bienes de la Iglesia pasarían a los inquilinos, si eran fincas urbanas, y las fincas rusticas se fraccionarían y se venderían para promover la pequeña propiedad individual.

La reforma educativa se basaba en el principio de que la enseñanza “de toda clase de ciencias” era libre, pero se indicó que los estudios preparatorios y superiores sólo podían estar en manos del gobierno y la enseñanza elemental sólo sería válida si se sujetaba a las autoridades. Se trataba de que el gobierno diera las normas de educación y no la Iglesia. Para todo ello se fundó un Directorio de Instrucción Pública.

La reforma militar consistió en desaparecer el fuero militar –es decir, las leyes y tribunales propios del ejército–, en disolver tropas que se rebelaron contra la reforma, en procurar la sustitución del ejército por milicias cívicas.

Estallaron varias insurrecciones que al grito de “religión y fueros” proclamaban a Santa Anna. Éste en un principio apoyó a Gómez Farías y atacó a los rebeldes en Guadalajara. Fue entonces cuando se decretó la llamada “Ley del Caso”, que contenía nombres de personas a quienes se desterraba y extendía su aplicación a “cuántos se encontraban en el mismo caso”.

Al fin, convencido de que las leyes eran impopulares, Santa Anna regresó a la presidencia de la República en abril de 1834 y suspendió la aplicación de las leyes. El nuevo Congreso, reunido en 1835, confirmó lo dispuesto y destituyó de la vicepresidencia a Gómez Farías.

Se cambió el sistema de gobierno de federalista a centralista, mediante un acta provisional aprobada el 23 de octubre de 1835, y casi un año después –el 30 de diciembre de 1836–, se promulgó una nueva constitución conocida como Las Siete Leyes. Según está el gobierno tendría cuatro poderes –los ya conocidos más el Supremo Poder Conservador, que debería mantener el equilibrio de los anteriores como guardián de la legalidad; el periodo presidencial se cambiaba a ocho años; los estados se sustituyeron por Departamentos dependientes del gobierno central y las legislaturas por juntas departamentales.

Fuente: Carlos Alvear Acevedo, Historia de México, México, Editorial JUS, 1996, 56a. ed., pp. 213-230, 238-239.

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